(Mario Barboza *) Hay temas que parecieran ser de competencia exclusiva de determinados sectores de la sociedad, de especialistas: políticos, empresarios, académicos, profesionales, etc. y sin embargo, son temas que atañen a todos, absolutamente a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, sin excepción alguna.
Uno de esos temas es la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual.
Pero ¿por qué este tema tiene que ver con todos nosotros y no solamente con los medios de comunicación, ó los entendidos en la materia?. Precisamente, porque intenta modificar absolutamente el modelo imperante en los medios de comunicación para que todos tengan voz, desde la premisa de que la comunicación es un derecho humano fundamental.
La Ley de los Videla, permitió la concentración económica y de poder de las empresas que controlan los medios. Esos poderosos grupos económicos confeccionan la agenda de un País y disponen cuáles son los temas que se deben instalar y cuáles no. Mientras tanto el pueblo, es decir cada uno de nosotros, consume (en general, sin conciencia crítica) sin tener la menor ingerencia en la decisión de contenidos.
A mediados de los ochenta, surgieron las emisoras barriales, las de baja potencia, las radios comunitarias, en respuesta a una necesidad de expresión popular. Nunca esa experiencia de comunicación popular, tuvo tratamiento oficial ni fue considerada seriamente por el Estado (a pesar de haber transcurrido ya un cuarto de siglo de vida democrática) hasta este proyecto de Ley, que contempla una fuerte presencia de las organizaciones sociales controlando medios populares de comunicación.
Más allá de lo obsoleta, la Ley (Decreto, en realidad) 22.285 fue pensada en épocas de dura represión, en el marco de la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional.
En cambio, la Ley, recientemente aprobada, abre las puertas a las expresiones populares y su cultura. Permite una importante incidencia en la producción de contenidos, esto significa que la gente podrá decidir cuáles son los temas que deben y merecen ser tratados, a través de los medios de comunicación.
La Ley, esencialmente antimonopólica, limita el poder de los grandes grupos económicos que ya no reconocen fronteras y ofrece al pueblo, a través de sus organizaciones, la posibilidad de plantear y debatir los temas que le interesa y preocupa.
Por eso, como dijo la Presidenta, esta Ley nos pertenece y por eso, hay que defenderla.
Hasta tanto, los grandes medios decidan qué porción de la realidad es la verdad, una gran parte del pueblo seguirá silenciada y comprando a “paquete cerrado” lo que nos venden. Para que esto se revierta, es necesario terminar con los monopolios que manipulan la información, en función de sus propios intereses económicos.
El Proyecto aprobado reduce de
Por otra parte, el mercado audiovisual (hoy súper concentrado en pocas manos) se dividirá en tres partes: de cada una de ellas participarán las empresas privadas de comunicación; el Estado y las organizaciones sociales sin fines de lucro. Ahora las compañías privadas controlan el 90 por ciento de los medios. Con la nueva ley podrán controlar el 33 por ciento.
La televisión de aire ó abierta deberá emitir como mínimo el 60 por ciento de producción nacional y deberá tener un mínimo del 30 por ciento de producción propia, lo que incluye informativos locales.
En tanto las radios, como mínimo el 70 por ciento de lo que sale al aire deberá ser producción nacional.
Estas medidas significan varias cosas: por un lado, romper con la concentración y control monopólico de los medios de comunicación de la Argentina, por parte de algunos grupos económicos. Pero también hay una clara decisión política de favorecer y proteger la industria nacional en materia de producción audiovisual.
La Ley plantea un nuevo y democrático esquema comunicacional en el país, donde todas las voces y todos los sectores de la sociedad argentina, puedan tener la posibilidad de informar y ser informados.
Este no es un tema menor, actualmente el 84 por ciento de la producción y distribución de las noticias que circulan por el territorio nacional, está en manos de sólo cuatro grupos económicos, según un estudio de los académicos Guillermo Mastrini y Martín Becerra.
Frente a esta realidad, surge una pregunta: ¿en nuestro País, hay verdaderamente libertad de expresión? Pareciera que no, cuando los medios de comunicación están, desde hace 30 años, en muy pocas manos y son ellos los que deciden la agenda pública y cuáles son los temas a instalar diariamente, según sus propios intereses. ¿Acaso podemos imaginar que es ingenua la tapa ó los editoriales de Clarín? El diario de mayor circulación en Latinoamérica ó de su socio La Nación y esto sin mencionar que ambos son los principales dueños de la más importante empresa productora de papel para diarios. Un solo dato, ellos compran el papel más barato que cualquier semanario de barrio.
Pero si la libertad de expresión está muy restringida, ¿de qué democracia estamos habland?.
Esta Ley, que cuenta con casi 160 artículos, contiene aspectos que merecen ser destacados ya que expresan claramente el espíritu de un sistema democrático.
Decíamos que la Ley de la dictadura (22.285) favoreció la concentración de medios de comunicación en pocas manos de poderosos grupos económicos que controlan el mercado, en el cual el Estado tiene una participación subsidiaria ya que solo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados.
En tanto, la nueva ley impide la formación de monopolios, promoviendo el pluralismo del espectro radioeléctrico y de los servicios de Comunicación Audiovisual, con la posibilidad de que el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tengan sus propias frecuencias de radio ó televisión. Otro tema interesante para considerar, es el relacionado con el otorgamiento de licencias para explotar una frecuencia.
La 22.285 exigía requisitos personales basados en la posesión de riqueza y en aspectos patrimoniales.
En cambio, la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios, en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.
Había varias razones para derogar la Ley 22.285. La primera y fundamental, porque era una Ley (en verdad un decreto, ya que no existía el Congreso) de la dictadura y, cualquier lógica indica que nunca una norma sancionada por un gobierno autoritario que usurpó el poder por la fuerza y ejerció, sin piedad, el terrorismo de Estado, puede expresar los principios básicos de la democracia. Sería algo extrañísimo que así fuera.
Pero había otra razón importantísima, era total y absolutamente anacrónica, ya que, al momento de ser sancionada la “Ley”, la tecnología no había alcanzado el fenomenal desarrollo que experimentó en las últimas tres décadas. En ese momento, apenas se conocía el fax, por eso se explica que la 22.285 regulara solamente la radio y la televisión abierta. Claro, si ni siquiera existía la televisión por cable, ni hablar, entonces, de otras herramientas como Internet ó la telefonía que revolucionaron la comunicación.
Estas dos razones fueron más que suficientes para derogar la ley de radiodifusión y, sin embargo, pasaron varios gobiernos y 25 años para que tuviéramos otra muy distinta en su origen y contenidos.
Seguramente esta nueva Ley es perfectible, como cualquier realización humana. Pero, en principio, contempla aspectos que hacen a la posibilidad de que todos los sectores de la sociedad (privados y el propio Estado) tengan la oportunidad de acceder a la producción de contenidos y mostrar, desde ahí, aspectos de una realidad que, los poderosos grupos económicos, dueños de los medios, prefieren desconocer.
Los multimedios más importantes (como el grupo Clarín, por ejemplo) están preocupados porque, según ellos, esta Ley coarta la libertad de expresión. Para ellos, libertad de expresión es imponer la agenda pública con los temas que hacen a sus propios intereses económicos. En verdad, poco les interesa la democracia y menos aún que la gran mayoría, como son los trabajadores, puedan, a través de los medios, gritar su verdad. La nueva Ley abre una puertita en ese sentido. Está en nosotros, saber aprovechar la oportunidad.
Cabe destacar que esta Ley es producto del consenso entre distintos sectores y no un capricho ó antojo de la presidenta, ya que se trabajo, durante muchos años, en foros de análisis y discusión desarrollados en distintos lugares del País con la participación de representantes del COMFER (autores del proyecto) y los principales actores de la comunidad. Por eso, esta no es la Ley K, como la denomina el grupo Clarín, tampoco es una ley para controlar a los medios. Todo lo contrario, es para abrir el juego.
Al tiempo que los grandes grupos económicos, que controlan los más importantes medios de comunicación, comenzaron a reaccionar “poniendo el grito en el cielo”, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones sociales y los pequeños medios comunitarios, comenzaron a apropiarse del proyecto y del tema como un asunto trascendente para el futuro de la democracia y del País. Está claro que, nunca una democracia podrá ser plena con tanta concentración económica y control, casi absoluto, de la producción de contenidos y de mensajes que, diariamente, la ciudadanía consume.
Los Foros fueron espacios de aprendizaje, reflexión y fundamentalmente de toma de conciencia sobre el poder y accionar de los grandes medios que, como dijera Eduardo Galeano, más que la libertad de expresión ejercen la libertad de presión. Por esa razón, no deberíamos abandonar esta modalidad de trabajar en foros, simplemente porque la batalla todavía no está ganada
Más que el texto de una nueva normativa para los medios audiovisuales, en realidad se está discutiendo un modelo político, esto significa que la cuestión tiene un trasfondo que va más allá de esta ley.
Y, ¿cuáles son esos modelos? Uno, los que defienden los derechos adquiridos, tiene que ver, no solamente con la concentración de los medios, en el fondo tiene que ver con la concentración económica y de poder.
Los que critican a esta Ley, de manera empecinada, son los que construyeron una fenomenal estructura económica y comunicacional, a partir del decreto-ley de la dictadura y de todas las resoluciones emanadas de la segunda “década infame” que tuvo la Argentina. Claro, quien va a renunciar mansamente a tanto poder y privilegios. Esto ya lo sabíamos.
El otro modelo, del cual está impregnado el espíritu de la ley, tiene que ver con abrir ese juego (hasta ahora en pocas manos) hacia el resto de la sociedad. Insisto, el proyecto es perfectible, esto quiere decir que se puede mejorar y, tal vez, mucho.
Abrir el juego significa que, sectores populares incluidos los pueblos originarios, representados en organizaciones sociales, puedan tener la posibilidad de expresarse, a través de sus propios medios de comunicación.
Abrir el juego significa que haya pluralidad de mensajes. El ciudadano que a la mañana lee el diario, luego escucha la radio y después ve televisión, ¿tiene presente que los que construyen las noticias, definen los mensajes y determinan la agenda social y política del día son los mismos dueños de todos esos medios y que, entonces, nada es casualidad?
Los recursos utilizados por los que están aferrados con uñas y dientes a los derechos adquiridos, son de los más ingeniosos y variados a la hora de defenderlos.
Era común escuchar: ¿por qué tanto apuro ahora por sacar esta ley? ¡El tratamiento de esta ley merece más tiempo! ¿Les parece poco tiempo haber esperado casi tres décadas?, les parece poco tiempo cinco años de foros, jornadas, encuentros, y otras actividades realizadas a lo largo y a lo ancho del País, con la participación de organizaciones sociales, facultades de periodismo, entidades de radios comunitarias, universidades, organizaciones de derechos humanos, etc. etc.
Los que ahora se oponen a ultranza a esta ley ¿que hicieron hasta hora? ¿qué proyectos alternativos presentaron?
Llegó la hora de la verdad, con la 125 hubo mucha confusión. Esta vez, no debe haber lugar para las dudas: ó tenemos medios de comunicación verdaderamente democráticos; ó los medios quedan en manos de los que tienen más poder que los propios gobiernos, con lo que ello significa.
Estamos ante una oportunidad histórica para mostrar al mundo que nuestra democracia ya es adulta.
Más que analizar la etapa que queda atrás (ya se habló mucho, al respecto, en estos últimos tiempos) seria interesante analizar lo que debería suceder de ahora en más. Por un lado, hay que desandar un largo camino de concentración, en pocas manos, de medios de comunicación. Se ha dicho, por ejemplo, que el 84 por ciento de la información que circula la generan cuatro grupos económicos, dueños de los medios.
Esta tarea será muy difícil, sobre todo desde el punto de vista jurídico por que los defensores del poder y el privilegio desplegarán sus argumentos en pos de los famosos derechos adquiridos, un chico diría “esto es mío y no me lo quita nadie” Interesante desafío para una democracia que pretende crecer.
Por otro lado, habrá que aplicar la Ley, de la manera más democrática posible, para que se haga realidad uno de los principios básicos de la nueva normativa y es el relacionado con la democratización de la información para que la libertad de expresión llegue, en la práctica, a todos los sectores y actores sociales y no como ha sucedido hasta ahora que ha llegado hasta donde dispusieron los dueños de los medios. Tenemos la Ley, tenemos una herramienta, un instrumento, podemos usarla bien ó mal ó simplemente no usarla. La Ley, por sí sola no cambiará nada.
Relacionado con esta cuestión, está el otorgamiento de licencias para explotar frecuencias en manos del sector no comercial.
Aquí, el Órgano de aplicación deberá recurrir a mecanismos muy transparentes para que no haya dudas sobre el criterio de selección de propuestas, por parte de personas físicas y/ó jurídicas.
El espectro radioeléctrico tiene un límite físico y es imperiosa la necesidad de ordenar el caos actual generado por tantos años de ausencia del Estado como regulador y control de los servicios públicos. No hay que olvidar que disponer de una frecuencia implica, nada menos que la responsabilidad de brindar un servicio público. Por lo tanto, implica, por parte de quien explota una licencia, una enorme responsabilidad ciudadana.
Hasta ahora no hubo ley y por esa razón imperó el caos. Ahora tenemos ley, por lo tanto deberá prevalecer un criterio verdaderamente pluralista y democrático para que se haga realidad esto de que todos tengan voz y no como ha sido hasta ahora.
La Ley puede dar comienzo a una nueva historia en la Argentina, una historia donde el poder esté más repartido y la verdad sea una construcción colectiva y no la que un pequeño grupo dispone que sea.
Finalmente entró en vigencia, la 26.522. Finalizó una larga etapa que llevó casi tres décadas. Aquí no termina la historia, por el contrario, ahora comienza otra.
Los que (personas y organizaciones sociales) estuvimos reclamando una ley de la democracia, a través de la cual el Estado regule (no es igual a controlar) el funcionamiento de los medios audiovisuales, creemos que esta normativa (perfectible, por cierto, aclaramos una vez más) es un gran avance en la democratización de la palabra y que la libertad de expresión tiene más chance de llegar, ahora, a otros actores sociales.
Decíamos recién que una ley (esta ó cualquier otra) de por sí no garantiza nada, es necesario el compromiso y una fuerte voluntad política del gobierno para producir los cambios de los que habla esta ley.
La batalla que se viene no será nada fácil, los principales grupos económicos que controlan los medios de comunicación del país ya tienen trabajando a full a sus abogados para resistir y ¿por qué no? “convencer” a jueces.
Pero como ya dijimos, hay que tener bien en claro que, en realidad, detrás de esta “pelea” se está dirimiendo otra cosa más de fondo y esa otra cosa es la defensa de los intereses de los sectores concentrados de la economía versus los derechos del pueblo a tener libre acceso a los medios de comunicación que expresen sus luchas, sus anhelos, sus esperanzas.
Un medio de comunicación, antes que un negocio es un servicio público y como tal debe estar al servicio de lo público (aunque parezca un juego de palabras) y no de un grupo económico cuya única finalidad es el lucro.
El sábado 10 de octubre hubo festejo en los militantes que permanecían frente al Congreso de la Nación. Sí, había motivos para festejar, pero cuidado, no nos confundamos, la batalla todavía no está ganada por parte del pueblo, sólo tenemos la herramienta legal, falta que sepamos utilizarla.
Recordemos, por ejemplo, el texto de los artículos 14 y 14 bis de la constitución Nacional, si se cumplieran al pie de la letra, otra sería la situación del pueblo argentino. Sin embargo, se observa fácilmente que, por un carril va el texto de la Ley y por otro la realidad.
Depende de nosotros y del gobierno (sí, en ese orden) que esta Ley, que nació un sábado a la madrugada, después de tres décadas de gestación, sea el camino para avanzar, en serio, hacia un nuevo sistema de comunicación donde los excluidos también tengan voz.
Que la euforia no nos haga confundir, esta ley es, esencialmente antimonopólica, nada más. Ella, por sí sola no nos va a cambiar la realidad. La realidad la vamos a cambiar entre todos, la ley es una herramienta, nada menos, pero tampoco nada más.
Nota: (*) La imagen de la foto es de Mario Barboza, periodista y autor del texto que se publica. Fue el director-propietario del semanario Reseña, el fundador de FM. Paso del Rey.
Agradecimiento: La imagen de Barboza aparece por gentileza de Javier Malisán
